Llegan cambios en los intereses de las tarjetas revolving

El Gobierno de España, a través del Consejo de Ministros, aprobó el Proyecto de Ley de Administradores y Compradores de Créditos, que introduce cambios en los intereses de las tarjetas revolving.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, que tendrá un impacto significativo, de aprobarse en el Congreso de los Diputados, en la relación entre la banca y sus clientes con préstamos o créditos.

Todo lo que cambia la nueva normativa de créditos rotativos

Entre sus reformas para la actividad bancaria y protección de los consumidores están los siguientes cambios en las tarjetas revolving.

1. Modificación de los tipos de interés en contratos de duración indefinida

Las entidades financieras deberán notificar a los clientes con al menos dos meses de antelación antes de aplicar cualquier cambio en los tipos de interés en contratos de duración indefinida, como las tarjetas revolving.

Los consumidores podrán aceptar la modificación o cancelar el contrato sin penalización, reembolsando la deuda pendiente bajo las condiciones originales.

2. Limitación de los intereses de demora en tarjetas revolving

El interés de demora no podrá exceder en más de tres puntos porcentuales el tipo de interés ordinario establecido en el contrato.

Esta medida reduce el impacto de los intereses abusivos en casos de impago y previene el sobreendeudamiento de los usuarios, en línea con la jurisprudencia reciente.

3. Control sobre los gastos por reclamación de saldos vencidos

Las entidades financieras sólo podrán cobrar por la reclamación de saldos vencidos si demuestran que estos gastos corresponden a costos reales y justificados. Además, deberán informar previamente al cliente sobre estos cargos.

Impacto de la regulación de las tarjetas revolving en los consumidores

Todo apunta que estos cambios reducirán el riesgo de sobreendeudamiento y proporcionarán mayor seguridad jurídica a los clientes. Esta normativa refuerza la protección del consumidor frente a las condiciones poco claras de las tarjetas revolving.

«La norma afecta a las entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito cuando actúen como vendedores de créditos o cuando realicen actividades de administración de créditos«, explican de Cuatrecasas.

«Se designa al Banco de España como autoridad competente [en nuestro país] para supervisar las obligaciones derivadas de esta normativa y cooperar con la Unión Europea», añade el bufete de abogados, en relación a la tramitación del proyecto de ley.

Consejos para titulares de tarjetas revolving

Para los usuarios de este tipo de crédito, es importante:

• Revisar su contrato y prestar atención a cualquier comunicación de su entidad bancaria.
• Comparar opciones de financiación en caso de que el banco proponga un cambio en el tipo de interés.
• Consultar con un asesor financiero para comprender mejor el impacto de estas modificaciones.

Esta reforma obliga a las entidades a operar con mayor transparencia y equilibra la relación entre consumidores y bancos. Sin embargo, advierten que algunas entidades podrían ajustar sus condiciones para adaptarse a los nuevos límites regulatorios.

Las nuevas disposiciones establecen un marco más transparente para el crédito revolving en España. Se espera que estas medidas permitan a los consumidores tomar decisiones financieras más informadas y con mayor seguridad.

¿Qué novedades trae Proyecto de Ley de Administradores y Compradores de Créditos?

Como mencionamos, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Administradores y Compradores de Créditos, que transpone la directiva europea correspondiente y modifica las leyes de contratos de crédito al consumo (Ley 16/2011) y de crédito inmobiliario (Ley 5/2019).

Este proyecto, que será remitido por el Gobierno de España al Congreso para su tramitación, busca reforzar la protección de los consumidores financieros, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad económica, y promover la estabilidad financiera al facilitar la venta de carteras de créditos por parte de las entidades financieras.​

La normativa regula la actividad de administración de créditos dudosos, que ahora requerirá autorización previa del Banco de España.

Para proteger a los consumidores, se exige que los administradores cuenten con sistemas adecuados de gestión de reclamaciones y políticas que garanticen un trato justo a los prestatarios.

Además, se establece que, en la compraventa de créditos dudosos, los compradores asumirán las obligaciones de transparencia, protección e información, incluyendo el cumplimiento de códigos de buenas prácticas.​

Así, se introducen garantías adicionales para los prestatarios, obligando a compradores y administradores a proporcionar información suficiente y servicios adecuados de atención al cliente y reclamaciones extrajudiciales.

Nuevas política de renegociación de deudas y protección a personas con el Ingreso Mínimo Vital

El Banco de España supervisará el cumplimiento de estas obligaciones y se establece un régimen de infracciones y sanciones. Asimismo, se modifica la normativa de crédito al consumo y crédito inmobiliario para obligar a los prestamistas a contar con políticas de renegociación de deudas, ofreciendo medidas antes de iniciar acciones judiciales o exigir el pago total de la deuda.​

Para clientes deudores de créditos no hipotecarios en situación de vulnerabilidad económica, como los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, se establece que la entidad prestamista que venda el crédito dudoso deberá ofrecer un plan de pagos.

Además, se limitan los intereses de demora a la suma del interés ordinario más tres puntos porcentuales y se regulan los gastos por reclamación de saldos vencidos para que sean acordes a los costes soportados por el prestamista, previa comunicación al cliente.

También se definen los supuestos de modificación del tipo de interés en contratos de duración indefinida, permitiendo al cliente no aceptar las subidas o cancelar el contrato sin coste adicional, y se clarifican las condiciones de las indemnizaciones por amortización anticipada en financiaciones ligadas a la compra de bienes o servicios.