Los cajeros automáticos cambian el 28 de junio
Los cajeros automáticos se adaptan a la nueva ley de accesibilidad desde el 28 de junio. Serán más inclusivos, con audioguías, textos grandes y botones intuitivos.
Los bancos deben renovar sus cajeros con mejoras inclusivas antes del mencionado 28 de junio para cumplir con la normativa que favorece a personas con discapacidad
La nueva normativa de accesibilidad impone requisitos que transformarán el diseño y la experiencia de uso de estas máquinas para hacerlas más inclusivas.
La medida responde a la ley aprobada en mayo de 2023, que da un paso hacia la plena inclusión en los servicios financieros.
Las modificaciones incluyen la incorporación de audioguías, pantallas con mayor contraste y textos más legibles.
Cajeros adaptados a los clientes con discapacidad
También se implementarán botones con relieve o disposición más intuitiva y sistemas adaptados para usuarios con discapacidad visual o motora.
Estas innovaciones no solo beneficiarán a personas con diversidad funcional, sino también a mayores y otros colectivos con dificultades tecnológicas.
La ley distingue entre los cajeros nuevos y los existentes. Aquellos instalados antes del 28 de junio de 2025 podrán seguir operando hasta el final de su vida útil económica, con un tope de diez años.
Por su parte, los nuevos deberán cumplir con los estándares desde su instalación.
Actualmente hay unos 47.000 cajeros en funcionamiento en España, y la adaptación de cada uno costará entre 1.500 y 3.000 euros.
Los bancos deberán informar de los nuevos cajeros
El cambio será progresivo. Las entidades deben informar a sus clientes sobre los cajeros ya adaptados y cuáles quedan pendientes, para que puedan decidir con antelación el punto de servicio más accesible.
Este proceso también obliga a los bancos a formar a su personal para garantizar una atención adecuada a la diversidad funcional dentro de las sucursales. Un rediseño que va más allá de lo estético para convertirse en una transformación estructural del servicio.
El objetivo es garantizar que cualquier persona, independientemente de su capacidad física o cognitiva, pueda realizar operaciones bancarias sin obstáculos. Una conquista para la inclusión que pone el foco en un derecho básico, como es la accesibilidad financiera.
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