Las empresas cripto perderán su licencia en 2025 si sus accionistas tienen antecedentes penales
Desde el próximo 4 de febrero de 2025, las empresas de criptomonedas se arriesgan a severas sanciones, entre ellas perder su licencia para operar en los países de la Unión Europea (UE), si su accionariado de referencia cuentan con antecedentes penales. Y no sólo accionistas.
Las autoridades europeas refuerzan las normativas sobre los mercados de criptoactivos, estableciendo estrictos estándares de idoneidad para garantizar la transparencia y la seguridad de los inversores.
En el marco del Reglamento MiCA, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) han emitido las directrices conjuntas que marcarán un antes y un después en la regulación de las empresas cripto en la UE.
En concreto, se dio la publicación de la traducción de dichas directrices, lo que hace correr el plazo para que se aplique la nueva legislación para las empresas de criptomonedas.
Accionistas y directivos deben estar limpios de antecedentes penales
Así, las normas, que serán obligatorias a partir del 4 de febrero de 2025, establecen que las empresas emisoras de tokens y los proveedores de servicios de criptoactivos deberán garantizar que sus accionistas significativos y sus órganos de dirección no tengan antecedentes penales relacionados con delitos financieros, corrupción, fraude o blanqueo de capitales.
El objetivo es claro: fortalecer la confianza en un sector que, pese a su rápido crecimiento, ha sido señalado en numerosas ocasiones por su vulnerabilidad a actividades ilícitas.
La implementación de estas directrices busca que solo las entidades que cumplan con estrictos estándares de honorabilidad, competencia y conocimiento puedan operar bajo licencia en los mercados europeos.
Honorabilidad para invertir en el sector cripto
El estándar de honorabilidad es uno de los pilares fundamentales de las directrices de la EBA y la ESMA.
Los accionistas con participaciones cualificadas, es decir, aquellos que posean más del 10% de participación en una empresa cripto, deberán demostrar un historial limpio en términos de integridad personal y profesional.
Esto implica la ausencia de antecedentes penales relacionados con delitos financieros y el cumplimiento de las normativas legales previas.
Además, los directivos y miembros de los consejos de administración estarán sujetos a evaluaciones similares.
Las empresas deberán demostrar que las personas que ocupan estas posiciones clave no solo poseen un historial ético impecable, sino que también cuentan con las capacidades necesarias para gestionar riesgos y garantizar la sostenibilidad del negocio.
La EBA destaca la importancia de este requisito para proteger a los inversores y fomentar un mercado cripto seguro y transparente.
En este contexto, las autoridades nacionales tendrán un rol crucial en la supervisión del cumplimiento de estas normas.
La CNMV podrá revocar licencias a criptoempresas
Organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España deberán evaluar y documentar la idoneidad de los accionistas y directivos de las empresas registradas en su jurisdicción.
Si se detectan incumplimientos, las sanciones podrían incluir desde multas hasta la revocación de la licencia para operar.
Directivos con conocimientos del mercado cripto
Además de la honorabilidad, las directrices exigen que los directivos demuestren competencia y conocimiento del sector de criptoactivos.
Este requisito incluye habilidades técnicas específicas, como la comprensión de los riesgos asociados a la tecnología blockchain, la gestión de la volatilidad del mercado y la protección de los fondos de los usuarios.
Asimismo, se espera que los líderes empresariales estén familiarizados con las normativas aplicables en la UE, especialmente con las disposiciones del Reglamento MiCA, y que adopten un enfoque proactivo para garantizar el cumplimiento normativo en todas las operaciones.
El Reglamento MiCA, adoptado en 2023, representa el primer marco legal integral para los criptoactivos en la Unión Europea.
Al establecer normas claras sobre la emisión de tokens y la prestación de servicios relacionados con criptoactivos, MiCA busca eliminar las lagunas regulatorias que han permitido la proliferación de prácticas fraudulentas y el uso indebido de estas tecnologías emergentes.
Por ello, la implementación de estas directrices también pretende alinear los estándares de gobernanza en toda la UE, creando un entorno regulado y homogéneo en el que los inversores puedan confiar. Según la ESMA, la armonización de los requisitos de competencia y conocimiento reducirá significativamente los riesgos asociados con la falta de profesionalización y las prácticas inadecuadas dentro del sector.
Riesgos para las empresas no conformes
Las empresas que no cumplan con estas exigencias enfrentarán consecuencias severas. La retirada de la licencia será una de las sanciones más contundentes que las autoridades nacionales podrán imponer a los infractores.
Este tipo de sanción no solo afectará a la operativa de la empresa en cuestión, sino que también podría tener un impacto significativo en la reputación del sector en su conjunto.
Por ejemplo, en casos donde se detecten accionistas significativos con antecedentes penales, las empresas tendrán que demostrar que han adoptado medidas para mitigar los riesgos asociados.
Esto podría incluir la reestructuración de su base accionarial o la implementación de mecanismos de control interno más estrictos. Sin embargo, si estas medidas no son suficientes, las autoridades competentes podrán revocar la autorización para operar en los mercados europeos.
De igual forma, si se detectan directivos que no cumplen con los estándares de idoneidad, las empresas deberán sustituirlos por personas que sí cumplan con los requisitos establecidos. Esto representa un desafío adicional, ya que la selección de personal cualificado y con experiencia en el mercado cripto puede ser un proceso complejo y costoso.
Supervisión armonizada en la Unión Europea
Para garantizar la efectividad de estas directrices, la EBA y la ESMA han instado a las autoridades nacionales a establecer procedimientos de supervisión claros y homogéneos.
Esto incluye la obligación de las empresas de notificar cualquier cambio en su estructura accionarial o en la composición de su órgano de dirección. Las autoridades nacionales, por su parte, deberán informar a las agencias europeas sobre el nivel de implementación de las directrices antes del 4 de febrero de 2025.
Además, se prevén evaluaciones periódicas de idoneidad para asegurar que las empresas sigan cumpliendo con los requisitos a lo largo del tiempo. Según expertos, este enfoque permitirá identificar y abordar posibles incumplimientos de manera temprana, minimizando los riesgos para el mercado y los inversores.
Impacto en el mercado cripto
La implementación de estas directrices representa un paso decisivo para la consolidación de un mercado cripto más seguro y profesionalizado.
Al establecer estándares claros de honorabilidad, competencia y conocimiento, las autoridades europeas buscan garantizar que las empresas operen con integridad y transparencia, fomentando la confianza de los inversores y promoviendo el desarrollo sostenible del sector.
Sin embargo, también plantea retos significativos para las empresas, especialmente para aquéllas que no cuentan con estructuras de gobernanza robustas o que operan en jurisdicciones con marcos regulatorios menos estrictos.
La transición hacia este nuevo modelo requerirá inversiones en recursos humanos, tecnología y procedimientos internos, lo que podría ser un desafío para las startups y pequeñas empresas del sector.
Pese a ello, muchos expertos consideran que estas medidas son necesarias para abordar las preocupaciones existentes sobre el uso indebido de los criptoactivos y para garantizar la sostenibilidad del mercado a largo plazo.
En última instancia, las directrices de la EBA y la ESMA tienen el potencial de transformar el panorama del sector cripto en la Unión Europea, estableciendo un estándar de referencia para otras regiones del mundo.
La cuenta atrás ya ha comenzado. Las empresas tienen hasta febrero de 2025 para alinearse con estas exigencias y garantizar que sus operaciones cumplen con los estándares más altos de ética y profesionalidad.
De lo contrario, se enfrentarán no solo a sanciones económicas, sino también al riesgo de perder su lugar en un mercado cada vez más competitivo y regulado.
